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2008/12/03

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Alfredo Castro - Miembro de la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berri-Otxoak

Los expertos en economía y en finanzas nos vaticinan tiempos duros de crisis y recesión.  Miles de millones de euros de dinero público para salvar a bancos y entidades financieras de sospechoso proceder. La crisis como las nevadas, empiezan en la cumbre hasta que bajan a los llanos donde producen las inundaciones y es ahí donde los ciudadanos de a pie tenemos que campear el temporal.


Mientras tanto el Gobierno Vasco ha presentado en el Parlamento Vasco una nueva reforma de la legislación contra la exclusión social más dura y restrictiva que las anteriores, aprobando el pasado mes de julio el “Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión social”. Esta reforma supone un grave paso atrás en los derechos de los ciudadanos con escasos recursos económicos, trabajadores en precario, mujeres y pensionistas.

Entre otros aspectos negativos a destacar, con este proyecto de ley, las familias con un trabajo en precario que necesiten complementar sus bajos salarios para subsistir ya solo lo podrán hacer durante un periodo limitado de tiempo, después se verán condenados además de a la precariedad, a la pobreza.  Se impone un límite de años para las ayudas de alquiler, para intereses y amortización de préstamos y para el mantenimiento de la vivienda, una vez terminado ese tiempo, los preceptores de las ayudas, tendrán más posibilidades de quedarse sin vivienda. Las familias que perciban una prestación para hacer frente a las hipotecas o al alquiler de una vivienda  no podrán solicitar ayudas para gastos en educación, sanitarios no cubiertos por Osakidetza, o de inserción laboral con lo que se verán  en la tesitura de elegir entre pagar la vivienda o la salud, por ejemplo.

Tenemos que tener en cuenta que el 40% de las familias solicitantes de estas ayudas son pensionistas, jubiladas o mujeres viudas y un 37% son familias con trabajos precarios. El retroceso social que va suponer,  si  esta ley fuera aprobada, para los derechos de todos los ciudadanos a tener cubiertas sus necesidades básicas -como la sanidad, educación, alimentación o vivienda- va ser muy importante,  al tenerlas sólo cubiertas durante un breve  periodo tiempo. La legislación actual el único límite que establece era la permanencia, o no, de la situación de precariedad económica que motivó la concesión de las prestaciones sociales.

Y todo esto dentro de un contexto de recesión y crisis económica aguda que va a golpear más fuerte, si cabe, a las capas más desfavorecidas de la sociedad, como ya está viendo reflejado en las cifras del paro. Desgraciadamente el Gobierno Vasco, si no recapacita, va perder una buena oportunidad para  hacer una ley basada en la justicia social, que vele por los derechos de todos  los ciudadanos a una vida digna, una ley que se convierta en una  herramienta eficaz para erradicar la precariedad  y la pobreza que subyace en nuestra sociedad.

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