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La familia de Arteagabeitia en riesgo de desahucio tiene una nueva orden para el 15 de enero PDF fitxategia Inprimatu E-posta
2019/01/10

El colectivo Berri-Otxoak junto a la asociación de vecinal de Arteagabeitia-Zuazo han denunciado la situación de una familia de Arteagabeitia, que tiene una orden de desahucio para el 15 de enero. Hace un mes desde el juzgado aplazaron el desalojo para que la familia pudiese buscar una alternativa, que no ha encontrado por la falta de recursos y el alto precio de los alquileres. Desde asociación vecinal de Arteagabeitia-Zuazo han denunciado la falta de implicación de los servicios sociales ante esta situación y han acusado a las administraciones de incumplir los diferentes protocolos, para hacer frente a estas situaciones.

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Nota de prensa:

Desde el Ayuntamiento hasta el Palacio de Justicia de Barakaldo se portará “La Cruz de los recortes sociales”. Iniciativa a través de la cual se pretende denunciar la situación que atraviesa la familia barakaldesa en paro y amenazada de desahucio en el barrio de Arteagabetia.

Las diferentes administraciones se habían dado un mes para garantizar el acceso a una alternativa habitacional para A. E., de 59 años, y su hijo D. R., de 32 años. Sin embargo tienen orden de desahucio inminente para este próximo martes 15 de febrero.

Pasado un mes, nos encontramos como los compromisos adquiridos con esta familia son papel mojado.

Durante un mes se ha estado a la espera de que el gobierno municipal o el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide acaten el dictamen del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU” o la resolución del “Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”: el cual remarca en sentencia firme que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

Nuevamente se comprueba que es un brindis al sol el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña.

Compromiso de actuación por el cual los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio; y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

Incumplimiento que también podemos achacar a la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco, la cual está obligada legalmente a garantizar el acceso a una vivienda en condiciones dignas.

Al igual que el juzgado de primera instancia de Barakaldo ha hecho oídos sordos a su deber de intermediar para asegurar el derecho a una alternativa habitacional ante un desalojado motivado por una carencia evidente de recursos económicos.

Cabe destacar que en poder de estas tres instancias administrativas: gobierno municipal, Consejería de Vivienda y juzgado de primera instancia. Obra en su poder un informe elaborado desde los servicios sociales municipales donde se constata la situación de vulnerabilidad económica que sufre esta familia barakaldesa.

Por último, en la línea de garantizar en el municipio el derecho a una vivienda digna. Cabe recordar el acuerdo del 3 de febrero del 2016 donde todos los sindicatos de la Policía Municipal de Barakaldo comunicaban a la alcaldesa, Amaia del Campo, su rechazo a que la guardia urbana sea utilizada en los procedimientos de desahucio en la localidad.

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