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Suspenso al Gobierno Vasco en materia social PDF fitxategia Inprimatu E-posta
2008/06/24

Ayer a la mañana diferentes plataformas por los derechos sociales ( Asambleas de Parados y Paradas de Barakaldo y Sestao, Argilan, Berri-Otxoak y Danok Lan) se movilizaron a las puertas de la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbo. L@s portavoces de las plataformas explicaron que miles de familias vascas están condenadas a la miseria al sufrir situaciones de pobreza y tener dificultades para llegar a fin de mes y ver cubiertas sus necesidades básicas; por eso, optaron por suspender la gestión, en materia social, del Gobierno Vasco. Así pués hicieron entrega de  varias calabazas en el registro de la Delegación del Gobierno Vasco. Con esta acción simbólica pretendían exigir compromisos concretos a las administraciones vascas para erradicar la pobreza.

Datos que hablan por si solos
• 80.011 personas se encuentran desempleadas, un 10% más que hace un año.
• Un total de 53.600 hogares de la CAV, un 4,9%, no dispone de los ingresos mensuales suficientes para afrontar los gastos habituales y 63.794 hogares vascos, un 5’9%, se encuentran con problemas para adquirir alimentos, usan ropa de segunda mano, no disponen de calefacción, deben vender patrimonio para hacer frente a necesidades básicas y tienen dificultades para cumplir sus pagos. Además, 134.400 familias, 12’5% del total de familias vascas, viven al límite al no poder afrontar los gastos extraordinarios que le pudieran surgir.
• 145.000 jóvenes vasc@s no pueden emanciparse por la precariedad laboral y el alto precio de la vivienda. De hecho, un 11,5% de la población vasca asegura que quiere formar un hogar independiente y no puede hacerlo acuciada por unos problemas económicos que se antojan insalvables, a pesar de que tres de cada cuatro afectados tienen un empleo.

Retrocesos en el Anteproyecto de Ley
Con este acto han querido denunciar la decisión de recortar las prestaciones sociales básicas emprendida por la Viceconsejería de Inserción Social del Gobierno Vasco. Según informan estos colectivos, estos son algunos de los recortes que se contemplan en el Anteproyecto de Ley para reformar la actual Ley contra la Exclusión Social:  
1. Las familias con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus salarios bajos un límite de años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran derecho aunque sigan trabajando con contratos en precario y sueldos bajos. Hecho que no se produce con la actual Ley contra la exclusión social. 2. Se implanta que a lo largo de toda una vida sólo se pueda cobrar un límite de años las ayudas para el alquiler de vivienda o intereses y amortización de préstamos y para el disfrute y mantenimiento de la vivienda. Cosa que no ocurre en la actualidad.
3. Las familias que perciban un complemento para sufragar los gastos de alquiler o crédito hipotecario no podrán solicitar ayudas para gastos de educación e inserción laboral o la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza cuando en la actualidad sí pueden.

Además, los recursos económicos necesarios para la financiación de otras medidas contempladas en este Anteproyecto se retraerán de las cuantías consignadas para las AES. Esto provocará la “minorización” de las AES y que derechos básicos como la vivienda o la atención sanitaria y la formación se queden sin cubrir para la mayoría de solicitantes de las AES.


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